30 de Noviembre de 2011

María América González opina sobre Ley de Presupuesto, Ley Tributaria (ABL) y Ley de Código Fiscal

 

La legisladora María América González presentó observaciones a la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de recursos, ejercicio fiscal 2012. En este sentido, la legisladora de Buenos Aires para Todos señaló que si bien desde el bloque que integro no acompañaremos el despacho de mayoría, consideramos oportuno que se contemple la posibilidad de atender a dos propuestas: incrementar a $ 4 millones la partida para el programa ‘Apoyo a Centros de Jubilados’ e incorporar al Presupuesto la suma de $14 millones para realizar obras previstas para resolver la Emergencia Ambiental y de Infraestructura declarada mediante la Ley 1.333”.

El programa Apoyo a los Centros de jubilados vehiculiza el otorgamiento de subsidios a fin de atender gastos provenientes de pequeñas refacciones, turismo social, compra de equipamiento, prestaciones a los socios, pago de servicios y otros gastos que aseguren su normal funcionamiento.

La partida presupuestaria para el barrio Ramón Carrillo se solicita a fin de posibilitar las obras previstas para resolver la Emergencia Ambiental y de Infraestructura declarada mediante la Ley 1333, que se prorrogara con el acuerdo unánime de los diputados presentes en la sesión del 17 de noviembre de 2011.

Estas obras consisten, según el artículo 2º de esa Ley, en posibilitar el correcto funcionamiento de: red de desagües cloacales, desagües pluviales, red subterránea de distribución de energía eléctrica, red subterránea de distribución de gas natural, repavimentación, construcción de veredas y peatonalización de pasajes y red de alumbrado público.

Otro de los temas sobre los que opinó la Diputada González es la modificación a la Ley de Código Fiscal.

La modificación propone que el Poder Ejecutivo se abstenga de emitir certificados de deuda, accionar para el cobro o proseguir acciones judiciales ya iniciadas, cuando se haya dictado el acto administrativo de condonación de deuda y dicha condonación se encuentre pendiente de homologación en la Legislatura.

Durante el lapso que va desde el dictado del acto administrativo de condonación hasta el dictado de la ley respectiva, suele iniciarse o proseguirse actuaciones judiciales tendientes al cobro de las deudas condonadas, lo que implica un desgaste de recursos en acciones judiciales cuyo destino no será el ingreso de suma alguna a las arcas estatales.

La modificación propone evitar que, luego de concedida la condonación, se prosigan generando honorarios profesionales por actuaciones cuyo objetivo (el cobro de las deudas) no van a poder ser efectuadas debido a la condonación resuelta.

En cuanto al tratamiento de la Ley Tributaria (ABL) la legisladora González presentó la siguiente observación con respecto a las exenciones del ABL para jubilados y pensionados y las personas con necesidades especiales.

Las exenciones previstas para el ABL tienen una clara función social ya que permite no abonar la mencionada tasa a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Este beneficio se limita a quienes tienen una sola propiedad y cuya valuación fiscal no exceda el importe que establece la Ley Tarifaria, pero los topes previstos en los art. 247 y 248 del Código Fiscal (T.O.), llevan un atraso considerable en el aumento de su valor, ya que comparativamente han aumentado mucho menos que el promedio de las valuaciones realizadas en años anteriores.

Es decir, manifestó la legisladora que “existe un gran retraso en los aumentos del ‘tope máximo’ de la valuación fiscal del bien, a los efectos de poder solicitar la exención. La consecuencia cotidiana de este atraso en el tope máximo es que cada día más personas con necesidades de exención quedan excluidas de las mismas”.

 

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