8 de enero de 2013

Seguridad privada

¿Existe un boom de la vigilancia privada? Hay datos que así lo indicarían. En América Latina, por ejemplo, los efectivos que se desempeñan en empresas dedicadas al rubro superan a los de las fuerzas policiales; en Chile, más que los duplican. Aunque con menor desarrollo relativo, Argentina no es una excepción en este proceso: en los últimos años se nota aquí una mayor demanda de los servicios que prestan las agencias de seguridad a las que empresas, bancos, centros comerciales, clubes y organizaciones diversas contratan para que sus hombres prevengan desmanes o actos delictivos y controlen el acceso de personas a las instalaciones que custodian.

En ocasiones, la tarea de los vigiladores privados se superpone con la que realizan los agentes de las policías a través de los denominados servicios adicionales. Esta circunstancia genera una compleja relación entre la esfera pública y la privada. Por ello, no resulta extraño que abunden las agencias de seguridad que incorporan a sus planteles –aún en cargos directivos- a retirados de fuerzas de seguridad o militares.

Según un pormenorizado informe realizado para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, hay en el país unas 1.500 empresas del ramo que emplean a 111 mil personas, siendo la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano las zonas que demandan el 70 por ciento de sus servicios. Sin embargo, se estima que el número de agencias podría ser mayor; ya que muchas de ellas operan sin la debida habilitación legal y, en consecuencia, no figuran en los registros.

Como en otras actividades, en el rubro seguridad prolifera el trabajo en negro que -además de ser un problema en sí- sugiere la existencia de personal mal entrenado -así se verifica entre quienes vigilan por las noches las calles de distintos barrios-, de prácticas informales y de relaciones poco claras con la autoridad pública; circunstancias que favorecen los hechos de corrupción.

Lo peculiar de su trabajo impone a los vigiladores responsabilidades específicas en cuanto a la eficiencia personal, la relación con las policías públicas, el correcto uso de la fuerza y el respeto por los derechos de las personas. Por ello, es imprescindible extremar el control sobre la formación de estos trabajadores que en la Ciudad superan los 15 mil, según el Registro de Personal Vigilador Habilitado que publica en la web la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

Para que el Estado, como garante de derechos, fiscalice la evaluación y certificación de conocimientos de los aspirantes a Integrar el Registro Público de Agentes de Seguridad de Gestión Privada de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensora del Pueblo, Alicia Pierini, presentó un proyecto que, al modificar parcialmente las leyes 1.913 y 2.895, busca asegurar que los vigiladores ajusten su accionar a los principios y pautas de Derechos Humanos y demás normas constitucionales, nacionales y locales, así como a los pactos internacionales.

La autoridad de aplicación de la ley 1.913 es la Dirección General de Seguridad Privada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, entre sus funciones fundamentales, debe reglamentar y controlar los cursos de capacitación y entrenamiento anual que se dictan en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial y otorgan los certificados de capacitación técnico-habilitante.

Dichos institutos están obligados a establecer convenios con polígonos de tiro para que los aspirantes puedan realizar sus prácticas; mientras que los conocimientos sobre incendios, evacuaciones y primeros auxilios médicos tienen que ser impartidos por personal de bomberos, de la Cruz Roja Argentina o de hospitales públicos locales.

A pesar de ello, la Defensoría ha detectado que, a la hora de evaluar capacidades, las instituciones de formación habilitados privilegian mecanismos que requieren escasa reflexión y trabajo conceptual por parte de los alumnos. Generalmente, los someten a pruebas del tipo elija la respuesta correcta o una con flechas, alternativas ambas en las que actúa el azar y que desechan pensamientos complejos.

Sería razonable y deseable que, al ser evaluado, el aspirante debiera explicitar los cursos de acción que adoptaría ante situaciones concretas, ya que sus respuestas permitirían comprobar si conoce detalladamente los estándares de Derechos Humanos al momento de usar la fuerza o de proteger a sujetos vulnerables, así como si ha incorporado el concepto de asistencia a la víctima.

De lo expuesto, surge la necesidad de establecer en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad un mecanismo que permita acreditar que quienes aprueban los cursos estén en condiciones de desarrollar las tareas que se les confieran. Para que esto sea posible, se requiere reformar la ley 1913 e incluir la aprobación de la evaluación en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como requisito indispensable para ejercer la función legalmente.

Por su parte, la ley 2895 creó el Instituto Superior de Seguridad Pública, un organismo del Gobierno de la Ciudad que ofrece la oportunidad formar a los vigiladores, una decisión que permitiría avanzar en el propósito de ubicar a la seguridad de gestión privada en el marco de la seguridad pública.

Fuente: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

 

 

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