Luego de tres décadas de ocupación ilegal, un megaoperativo policial y judicial desalojó la estructura ubicada en el corazón de Núñez. Los vecinos denunciaban robos, ruidos y venta de estupefacientes en la zona.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo un histórico operativo de desalojo en el barrio de Núñez, logrando recuperar un edificio de ocho plantas que permanecía usurpado desde principios de la década de 1990. La propiedad, ubicada en Manuela Pedraza 1875, entre Grecia y 3 de Febrero, originalmente fue abandonada por sus desarrolladores tras una quiebra, y con el tiempo, se había transformado con los años en el principal foco de delincuencia, conflicto vecinal e insalubridad de la zona.
Las acciones comenzaron en las primeras horas del amanecer bajo las órdenes del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas interviniente. Un fuerte contingente de la Policía de la Ciudad, apoyado por divisiones de infantería, personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y el cuerpo de Bomberos, cercó la manzana para garantizar un ingreso controlado y pacífico. A pesar de la tensión inicial y algunas resistencias aisladas, las más de veinte familias que pernoctaban de forma precaria en el lugar abandonaron la estructura de manera paulatina.
“La usurpación de un inmueble no solo perjudica al propietario; también al barrio, porque se instala el mal en la cuadra: hay droga, inseguridad, trata, talleres textiles con trabajo esclavo, de todo”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Vamos a seguir haciendo estos operativos y a liberar todas las propiedades que fueron usurpadas. No cambiaron las leyes ni los jueces, cambió la decisión política y la confianza de la gente en nosotros. En la Ciudad, la ley se cumple”.
Durante los últimos treinta años, la edificación en obra negra funcionó de manera autónoma, sin servicios básicos formales y con conexiones clandestinas de luz y agua que representaban un peligro inminente de incendio para toda la cuadra. El deterioro edilicio era total: mampostería caída, acumulación de toneladas de basura en los subsuelos y la falta absoluta de medidas de seguridad estructural básica.
Para los residentes de la zona, el operativo representa el fin de una verdadera pesadilla urbana. Las denuncias por arrebatos en la vía pública, asaltos bajo la modalidad de «motochorros» y peleas a altas horas de la noche eran una constante diaria. Investigaciones policiales previas sugerían que el inmueble no solo servía de refugio para delincuentes locales, sino que además operaba como un punto de acopio de objetos robados y comercialización de drogas al menudeo.
Desde el Ministerio de Seguridad porteño señalaron que este procedimiento forma parte de un plan integral de ordenamiento del espacio público y combate a las zonas liberadas. El destino final del inmueble quedará sujeto a los peritajes arquitectónicos oficiales; los ingenieros de la Ciudad evalúan si la estructura aún es apta para ser rematada y reciclada, o si el nivel de abandono requerirá una demolición total para garantizar la seguridad de los frentes linderos.