El Gobierno porteño modificó el Estatuto Docente para exigir un 90% de asistencia a los maestros que aspiren a las calificaciones más altas y limitar el uso de licencias acumuladas.
Jorge Macri busca reordenar el funcionamiento de las aulas públicas en la Ciudad con una serie de modificaciones clave en la reglamentación del Estatuto Docente. La medida introduce un esquema estricto de control de asistencia, vincula directamente el presentismo con la evaluación del desempeño de los maestros y pone un freno a lo que el Ejecutivo porteño denominó como “el curro de las licencias acumuladas”.
A partir de la entrada en vigencia de esta normativa, los docentes que aspiren a obtener las calificaciones más destacadas en sus evaluaciones anuales deberán acreditar, de forma obligatoria, un mínimo del 90% de presentismo en el ciclo lectivo. Con este requisito, la administración local busca desincentivar el ausentismo reiterado y garantizar que los estudiantes cuenten con equipos pedagógicos estables a lo largo del año.
El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, defendió la reforma argumentando la necesidad de restaurar el orden dentro del sistema educativo obligatorio. El mandatario vinculó la medida con una devolución de la autoridad a los directivos y docentes frente al aula, bajo la premisa de que la continuidad pedagógica es el único camino para mejorar los indicadores de aprendizaje de los alumnos.
“Gobernar es fijar prioridades y, sobre todo, devolverle la autoridad a los buenos maestros para que los chicos aprendan mejor“, afirmó Macri durante la presentación de los cambios. El titular del Ejecutivo porteño fue tajante al señalar que la modificación del estatuto “ordena el sistema, se valora el presentismo y se termina el curro de las licencias acumuladas”, reforzando que bajo su gestión “el esfuerzo vale” y que el rumbo de la sociedad debe apoyarse en valores como el respeto, la disciplina, el orden y el reconocimiento a la responsabilidad diaria.
Además del límite a las ausencias, la nueva reglamentación introduce modificaciones en los traslados de personal. Desde ahora, los docentes deberán cumplir con un piso de dos años de antigüedad mínima como titulares en su cargo antes de poder solicitar un cambio de establecimiento educativo, una medida pensada para mitigar la rotación constante de maestros en las escuelas de los distritos más vulnerables.
La reforma reglamentaria se inscribe dentro de «Buenos Aires Aprende», el plan estratégico diseñado por la cartera educativa para revertir la crisis del sistema de enseñanza y asegurar que el tiempo en la escuela se traduzca en conocimiento real. La ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, remarcó que el programa tiene un norte transparente: “Que los chicos estén en la escuela para aprender y no solo para transitar la escolaridad”.
Para la ministra, la figura del director escolar resulta clave en este nuevo escenario. Miguel detalló que es fundamental que los equipos directivos se consoliden como líderes capaces de coordinar “equipos estables que acompañen los procesos de mejora de aprendizaje y bienestar de cada alumno de forma sostenida“. Según la funcionaria, la rotación excesiva y las suplencias cortas y consecutivas atentan directamente contra la contención emocional y académica de los estudiantes.
La iniciativa ya genera tensiones con los principales gremios docentes de la Capital Federal, quienes históricamente han rechazado las cláusulas que atan el salario o el puntaje de la carrera a variables de presentismo estricto. Desde el Ministerio de Educación, sin embargo, ratificaron que el cronograma de aplicación sigue en marcha y que los sistemas informáticos ya adecúan las planillas de evaluación para el control del nuevo presentismo exigido.
Fuerte rechazo de gremios docentes
Las organizaciones gremiales como la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) se declararon en estado de alerta tras la publicación del Decreto 256/2026. A nivel nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) respaldó las acciones legales y gremiales bajo la consigna «El Estatuto Docente no se toca».
Los sindicatos concentran sus críticas en los siguientes puntos críticos:
- Reforma unilateral e inconsulta: Cuestionan que la modificación del Decreto N° 611/86 se haya realizado por decreto, salteando el debate en la Legislatura porteña y excluyendo las mesas de negociación colectiva.
- Chantaje del presentismo: Advierten que exigir un 90% de asistencia para obtener calificaciones altas (como «Muy Bueno» o «Sobresaliente») obligará a los maestros a concurrir a trabajar enfermos para no arruinar sus posibilidades de ascenso o traslados.
- Impacto de género: Denuncian que la medida perjudica principalmente a las mujeres jefas de hogar, quienes suelen tomar licencias para cuidar a sus hijos menores enfermos y ahora verán afectada su carrera profesional.
- Ajuste en las licencias: Repudian la reducción de los días por examen (de 5 a 3 días) y las restricciones a las licencias por razones particulares, lo cual frena y castiga la formación continua de los trabajadores.
- Pérdida de estabilidad: Sostienen que el nuevo esquema deteriora los derechos adquiridos, limita la antigüedad tradicional frente a los cursos oficiales del Ministerio y centraliza de forma burocrática decisiones que antes resolvían las escuelas.
Ante este escenario, los gremios anticiparon que el regreso a las escuelas tras el receso invernal estará marcado por asambleas unificadas, la presentación de recursos administrativos y un plan de lucha coordinado para exigir la derogación inmediata de la norma.