La autorización para construir veinticinco metros de altura en un área residencial con límite de nueve desató la furia vecinal, encendiendo alarmas por el inminente colapso de los servicios públicos.
El proyecto inmobiliario ubicado en la calle Maure 2817 ha transformado la tranquilidad de la zona en un escenario de profunda indignación y movilización comunitaria. Lo que originalmente estaba catalogado como una zona residencial de casas bajas ha recibido una controvertida excepción que permite quintuplicar la densidad constructiva permitida, abriendo la puerta a un edificio de gran escala que rompe por completo con la fisonomía del barrio.
Los residentes del barrio expresaron su enérgico rechazo ante lo que consideran un atropello urbanístico. Entre las principales preocupaciones se destacan el inminente colapso de las redes de agua, cloacas y electricidad, servicios que ya operan al límite de su capacidad en la comuna. Asimismo, lamentaron la pérdida irreversible de espacios verdes y de la biodiversidad que caracteriza a estos pulmones de manzana.
El conflicto escaló de tal manera que ya tomó estado parlamentario. Agrupaciones vecinales, con el apoyo de legisladores de la oposición, presentaron un proyecto de resolución y una denuncia formal ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de frenar las obras y exigir una auditoría urgente sobre el permiso otorgado.
El frente legal: Convenios urbanísticos bajo la lupa
La estrategia jurídica de los vecinos se basa en la flagrante violación de las normativas de planeamiento urbano vigentes. Según explicaron los asesores letrados de la asamblea barrial, el argumento central radica en la ilegalidad de la disposición que otorgó la factibilidad constructiva a la desarrolladora.
Los principales puntos que se presentarán ante la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura incluyen:
- Inconstitucionalidad de la excepción: Se argumentará que la autorización vulnera el principio de progresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, al desproteger una zona residencial consolidada sin justificación de interés público.
- Falta de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) previo: La ley de la Ciudad exige que todo proyecto que modifique sustancialmente los indicadores urbanísticos (FOS y FOT) cuente con una evaluación de impacto ambiental de categoría «Con Relevante Efecto», la cual debió incluir una audiencia pública obligatoria que fue omitida en este proceso.
- Desviación de poder en la interpretación del Código Urbanístico: Se denunciará que el área técnica del Ejecutivo aplicó de forma distorsionada la figura de «completamiento de tejido» o «enrase», una herramienta pensada para unificar alturas entre edificios linderos preexistentes, pero que aquí se utilizó de manera forzada para convalidar una mole de 25 metros al lado de propiedades históricas que no superan los 9 metros.
- Saturación de la infraestructura de servicios: El escrito técnico demuestra que la prestadora de agua (AySA) y las distribuidoras eléctricas no han emitido los certificados de factibilidad necesarios para absorber la demanda de una torre de estas características, violando el principio de sustentabilidad urbana.
Los ciudadanos advierten que, de prosperar este proyecto, se sentará un peligroso precedente para el avance inmobiliario sin freno sobre otros barrios residenciales de la Ciudad. La comunidad ya adelantó que, si la vía legislativa no suspende los efectos de la autorización de manera inmediata, recurrirán a los tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario para solicitar una medida cautelar de no innovar que paralice las excavaciones de forma definitiva.