La Justicia de la Ciudad clausuró una obra ubicada en Teodoro García al 3000 por faltas de seguridad, deficiencias laborales y riesgo para peatones. Inspección integral y suspensión de tareas.

Una obra ubicada en Teodoro García al 3000, en el barrio porteño de Colegiales, fue clausurada tras la detección de irregularidades y déficit en las medidas de seguridad. Se procedió a colocar la faja de clausura correspondiente y se labraron actas contravencionales.
La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°4, bajo la conducción de Mauro Tereszko, dispuso una inspección integral ante distintas irregularidades confirmadas por el Ministerio Público Fiscal.
Durante la intervención, se constató que la obra infringía la normativa vigente al carecer de protecciones adecuadas, depositar materiales en la vía pública y no garantizar el tránsito peatonal seguro. Asimismo, se detectaron deficiencias en las pantallas de protección y la póliza de seguro civil resultaba insuficiente según lo estipulado por la normativa.
Simultáneamente, la Dirección General de Protección al Trabajo solicitó documentación laboral obligatoria, relevó a los trabajadores presentes y emitió actas de inspección para cada empleador, intimando a la presentación de la documentación requerida.
En relación a los certificados de cobertura de ART, se comprobó que el personal relevado no figuraba en la nómina vigente, motivo por el cual se suspendieron las actividades de la empresa constructora.
También se registró la ausencia de acceso seguro y libre de obstáculos al tablero eléctrico principal.
Por todo lo expuesto, se ordenó la clausura inmediata y preventiva de la obra, con colocación de faja identificatoria y confección de las actas contravencionales correspondientes.
El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, la División Contravencionales y Faltas de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO), la Dirección General de Protección al Trabajo (DGPT) y la Unidad Operativa de Fiscalización Integral (UOFI – AGC) del Gobierno de la Ciudad.

