La Legislatura porteña aprobó la adhesión al acuerdo fiscal federal

El pasado jueves la Legislatura porteña convirtió en ley la adhesión de la Ciudad al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, suscrito con la Nación y del que participan las provincias.

Los diputados de la Ciudad aprobaron la adhesión al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, instituido por la ley nacional 25.917 del año 2004 y actualizado por ley 27.428, del corriente año.

La Ley Nº 27.428 es el resultado del consenso alcanzado entre las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional en el marco de reuniones celebradas en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal con el fin de modificar y adaptar las normas a las necesidades y objetivos de la nueva realidad macro fiscal.

Según explican los fundamentos del Ejecutivo local y los considerandos del despacho de la Comisión de Presupuesto, la norma a la que adhiere la Ciudad consta de cuatro capítulos: Capítulo I, “Transparencia y Gestión Pública”; Capítulo II, “Reglas Cuantitativas”; Capítulo III, “Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, y Capítulo IV “Disposiciones Varias”.

El primer capítulo establece las “Reglas de Transparencia y de Gestión Pública” que deberán seguir las jurisdicciones, entre otras: publicación en la página web del Presupuesto Anual, proyección del Presupuesto Plurianual y de la Cuenta Anual de Inversión, la utilización de conversores para la obtención de clasificadores homogéneos con los utilizados por la Nación, calcular parámetros e indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia en recaudación y gasto público y la modernización de los sistemas de administración financiera y tributaria, recursos humanos y de deuda.

En el Capítulo II, sobre “Reglas Cuantitativas”, el compromiso es que el incremento del gasto público corriente primario no supere la tasa de aumento del Índice de Precios al Consumidor, destinar el producido por la venta de activos fijos a financiar erogaciones de capital y no incrementar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de 2017.

Otras de las premisas son: sólo aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera garantizado su financiamiento, no incrementar el gasto corriente permanente durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato, incluir estimaciones del gasto tributario y acordar políticas tributarias de armonización y de no incremento de la presión impositiva.

Asimismo, se insta a las provincias y Ciudad Autónoma firmantes a “tomar medidas para que el nivel de endeudamiento sea fiscalmente sustentable y elevar antecedentes y documentación correspondiente al Gobierno nacional para poder acceder a operaciones de endeudamiento con organismos que no pertenezcan al sector público no financiero”.

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal será el órgano de aplicación y tendrá su reglamento interno que se sancionará por dos tercios de las jurisdicciones nacional, provinciales y porteña. Allí se establecerá la periodicidad de sus reuniones, su forma de integración, la posibilidad de que el mismo aplique sanciones derivadas del incumplimiento de la ley y las condiciones para que las jurisdicciones adherentes puedan solicitar ante él excepciones a la normativa.

El artículo segundo de la ley sancionada, aclara que la adhesión a éste consenso fiscal “es de aplicación a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y demás entidades del Sector Público no financiero de la Ciudad”.

Por último, en su articulo tercero se especifica que será el Ministerio de Hacienda de la Ciudad el que «dictará las normas reglamentarias y/o complementarias e instrumentará los procedimientos que resulten necesarios para garantizar la aplicación del Régimen».