Esta decisión representa un hito clave para consolidar la autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, una deuda institucional pendiente desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
En sesión ordinaria y con la presencia de los diputados de los distintos bloques que integran el recinto, el Cuerpo Legislativo aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto cuenta con autoría de la Jefatura de Gobierno y obtuvo 36 votos a favor, 2 negativos y 20 abstenciones.
El proyecto formaliza la transferencia de la justicia laboral desde la órbita nacional al fuero local, marcando un hito en la consolidación de la autonomía jurisdiccional porteña prevista tras la reforma constitucional de 1994. El convenio, firmado en febrero de 2026 entre el Estado Nacional y la administración de la Ciudad, establece que las causas laborales iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en el flamante Fuero del Trabajo de la Ciudad.
El traspaso se sustenta en el artículo 129 de la Constitución Nacional y disposiciones locales, que exigen agotar todas las vías para asegurar la autonomía plena de la jurisdicción porteña. De esta forma, la Ciudad asume el compromiso de seleccionar jueces y fiscales a través de los mecanismos habituales y de proveer los recursos necesarios, mientras el Estado Nacional se compromete a transferir progresivamente los recursos y a no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para las competencias transferidas. La medida se apoya en las leyes 6.789 y 6.790, que habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal.