El Ejecutivo porteño reguló por decreto la obligatoriedad de servicios mínimos en paros de transporte y recolección de residuos. Sindicatos cuestionan su validez constitucional frente a la Ley del Congreso.
A través del Decreto N.º 230/26 firmado por Jorge Macri, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca establecer un piso obligatorio de funcionamiento ante paros de actividades estratégicas. La medida obliga a las empresas prestatarias de subtes, colectivos y recolección de residuos a garantizar un esquema de servicios mínimos que oscila entre el 50% y el 75% de su prestación habitual durante jornadas de medidas de fuerza gremiales.
La administración porteña fundamentó esta reglamentación como una adhesión formal a las modificaciones laborales contenidas en la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada el pasado 27 de febrero por el Congreso de la Nación. Dicha normativa de carácter federal clasifica determinados servicios como “Esenciales“ (ej. salud, energía, control de tráfico aéreo) y “Trascendentales” (ej. educación, transporte, telecomunicaciones), asignando límites legales al impacto de los paros obligando a garantizar una guardia mínima entre un 20% y 75% dependiendo el servicio.
Clasificación de Servicios y Porcentajes de Operación
El decreto categoriza las actividades afectadas en dos niveles técnicos bien diferenciados de acuerdo con la legislación nacional:
- Servicios Esenciales (Exigencia del 75%): Aplica de manera directa a la recolección de residuos sólidos urbanos. Las empresas prestatarias de higiene urbana y sus gremios están obligados a mantener operativo tres cuartos de su esquema habitual de camiones y cuadrillas para preservar la sanidad ambiental.
- Actividades de Importancia Trascendental (Exigencia del 50%): Bajo esta denominación técnica se encuadra al transporte público de pasajeros bajo jurisdicción de la Ciudad, abarcando la totalidad de las líneas de subtes, el Premetro y los colectivos internos de la Capital. Estos servicios de transporte deben asegurar por lo menos la mitad de sus frecuencias operativas normales durante los días de paro.
— Buenos Aires Ciudad (@gcba) June 23, 2026
El argumento expuesto por el gobierno porteño para la firma de este decreto es erradicar lo que catalogó formalmente como la «extorsión de un grupo de sindicalistas» que utiliza a millones de ciudadanos como rehenes, equiparando el derecho a reclamar con la obligatoriedad ciudadana de mantener la movilidad y la limpieza urbana básicas
La iniciativa abrió de inmediato un profundo debate sobre su constitucionalidad. Sectores gremiales y abogados laboralistas sostienen que el decreto vulnera el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales de la OIT y anticipa una judicialización del caso bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo excede sus facultades al restringir libertades sindicales de fondo mediante resoluciones administrativas, mientras que el oficialismo defiende la legalidad de la norma como un equilibrio necesario frente al derecho de libre circulación.
La iniciativa abrió de inmediato un profundo debate sobre su constitucionalidad. Sectores gremiales y abogados laboralistas sostienen que el decreto vulnera el derecho de huelga consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales de la OIT y anticipa una judicialización del caso bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo excede sus facultades al restringir libertades sindicales de fondo mediante resoluciones administrativas, mientras que el oficialismo defiende la legalidad de la norma como un equilibrio necesario frente al derecho de libre circulación.