7 de marzo de 2017   

Los  jubilados del Gobierno de la Ciudad podrán elegir su Obra Social

La justicia resolvió que la normativa que imponía a los jubilados y pensionados de la administración pública porteña mantener la Obra Social de la Ciudad de manera obligada es inconstitucional e inconvencional.

La jueza a cargo del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, hizo lugar a la acción de amparo presentada por Juan Pablo Riguetti, que se desempeña como empleado público del Gobierno porteño, contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA) a fin de ejercer el derecho a la libre opción de obra social tal como lo previsto para todos los afiliados activos comprendidos en la Ley N° 472 que creó la OBSBA y poder mantener la cobertura médica prepaga junto a su hijo, al momento de jubilarse. (Derecho inhibido para jubilados y pensionados de la Ciudad, tal como lo dispone la Ley N° 3021-Libre Opción de Obra Social).

En el fallo, López Vergara declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la norma en cuestión y dispuso que "la ObSBA deberá asegurar el derecho de libre opción del amparista, con idéntico alcance al que le es reconocido a los afiliados activos de la ObSBA".

La Magistrada hace mención en la sentencia al artículo primero de la Ley Nº 3.021 que establece que "la libre opción de obra social para todos los afiliados activos comprendidos en la Ley N° 472, a través de una decisión individual y escrita de quienes deseen ejercerla a favor de cualquiera de los agentes del seguro nacional de salud", donde el "mencionado derecho a la libre opción queda acotado a los trabajadores estatales activos" al establecer en el artículo tercero que "la afiliación y cobertura de todos los jubilados y pensionados comprendidos en la Ley N° 472 quedará a cargo de la ObSBA" advierte.

Además, la Jueza remarcó la garantía de la igualdad expresa en la Constitución Nacional y de la Ciudad, que en su artículo 11 "Todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley" dice: "Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente, no admiténdose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo". y continua: "La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad". 

"No surge explicitado en el texto del artículo 3º de la ley Nº 3.021 las motivaciones que aporten razonabilidad a la discriminación allí consagrada", afirmó López Vergara, quién además indicó que no se encuentra "sustento en pautas objetivas que acuerden validez a la restricción impuesta a los pasivos".

"En tales condiciones, a la luz de la especial protección reconocida al amparista, aquél contraviene el principio que alojan los artículos 28 de la Constitución Nacional y 10 de la carta local y por ende, conculca la garantía de la igualdad amparada por el bloque constitucional. Por último, el frontal choque con este derecho tiene su correlato en la afectación de otros mandatos constitucionales, tales como el deber de la Ciudad de velar por el pleno goce de los derechos de las personas mayores (artículo 41 de la Constitución local), el derecho integral a la salud (artículo 33 de la Constitución Nacional y 20 de la Constitución local), a una asistencia particularizada de la tercera edad (artículo 21 inciso 6º de la carta local) y a la seguridad social (artículo 14 bis de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución local)", expresó la jueza, declarando la inconstitucionalidad del artículo 3º de la ley Nº 3.021 que excluye al sector pasivo del derecho de opción de obra social, y de su reglamentación establecida en el Artículo 3º del Decreto Reglamentario  Nº 377/09.

Por último, la Jueza Patricia López Vergara declaró la inconvencionalidad de la norma cuestionada por vulnerar el derecho a la igualdad, a la salud integral, y a la seguridad social garantizados en numerosos tratados internacionales. "En síntesis (…) se concluye en la definitiva inconvencionalidad de la norma en juego y su reglamentación en tanto desnaturalizan el derecho a la igualdad que encuentra protección en las normas supranacionales antedichas. Ello en íntima conexión con el derecho a la salud integral, a la seguridad social y a una protección especial durante la ancianidad", sentenció.