31 de agosto de 2016   

Primer freno a la doble jornada en las escuelas porteñas

La justicia porteña dio lugar a un amparo presentado por un grupo de padres que cuestiona la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de implementar el programa "jornada extendida" en una escuela de Villa Crespo.

El juez Roberto Andrés Gallardo,  subrogante del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por 24 padres de alumnos de la Escuela primaria N° 2 "Fransisco Herrera" que "expresan que la decisión en cuestión fue tomada de modo unilateral por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin consultar a los padres del colectivo afectado".

En la resolución, Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "que se abstenga de modificar el sistema de jornada simple (en dos turnos) de la Escuela n° 2 del DE n° 7 “Francisco Herrera” y, en consecuencia, mantenga a la referida institución en el sistema de inscripción -on line o en cualquier otro sistema previsto al efecto- como opción de jornada simple (en dos turnos) en el período de inscripción que se prevé para octubre de 2016 como para cualquier otra inscripción complementaria y/o posterior que pudiera disponerse hasta tanto se dicte sentencia y se encuentre firme".

El Magistrado argumentó la resolución basándose en los artículos 23 y 24 de la Constitución porteña que manifiesta que la Ciudad "respeta el derecho individual de los educandos, de los padres o tutores, a la elección de la orientación educativa según sus convicciones y preferencias", asegura "la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones" y garantiza el "derecho de las personas con necesidades especiales a educarse y ejercer tareas docentes, promoviendo su integración en todos los niveles y modalidades del sistema".

En los fundamentos, Gallardo sostuvo que las "modificaciones a los regímenes escolares que ya se encuentran en curso de ejecución, requieren de una previa consulta con los interesados, un estudio del impacto que los cambios traerán aparejados y un consenso con la comunidad educativa a la que van dirigidos. Ello es así, en tanto aun los mejores proyectos pueden colapsar por falta de previsión o por no responder a las necesidades concretas de sus destinatarios".

Además, el Juez aseguró que "las instancias previas que se hacen imprescindibles, no habrían existido o no habrían sido suficientes y eficaces" y que se "requiere suma prudencia y gradualidad a fin de no convertir objetivos loables en muros infranqueables"

Por otra parte, en la resolución también se hace mención al análisis preliminar de la causa y sostiene que "no existiría un soporte estructural suficiente para responder ante el cambio propuesto. Así en relación a comedores escolares, espacios disponibles, interacción docente y otros aspectos, aparecerían puntos no resueltos que exigen, antes de su implementación una necesaria formulación práctica que dé a los grupos familiares tranquilidad y seguridad en su implementación".

"la conducta del GCBA no pareciera dejar a resguardo el derecho a la educación que goza de expresa protección constitucional y convencional, y todos los íntimamente ligados a aquél". destaca el magistrado.

A ser una causa en la que "se encuentran involucradas en autos cuestiones comunes al colectivo de padres y alumnos de la Escuela n° 2 del DE n° 7 “Francisco Herrera” que podrían repercutir en distintos establecimientos educativos de la CABA", "corresponderá ordenar la publicidad del presente proceso, a fin de garantizar que las personas que pudieran llegar a tener un interés en el resultado del litigio conozcan la existencia del proceso judicial en cuestión".

Para ello, el Juez dispuso "Hacer saber la existencia, objeto y estado procesal del presente proceso" de las siguientes formas: Publicar  edictos en el Boletín Oficial y en los diarios La Nación y Página12, por el término de tres días. Notificación por radiodifusión en los canales de televisión TV Pública canal de la Ciudad. En los servicios audiovisuales de comunicación audiovisual de la Ciudad y en las señales de noticias con cobertura en esta Ciudad, por el plazo de tres días. En la página web y mediante el Sistema de Difusión Judicial del Departamento de Información Judicial por el término de quince días.

Además dispone comunicar a la "Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tome en autos la intervención que estime le corresponda".

Todas "aquellas personas que pudieran tener un interés jurídico en el resultado de la causa caratulada “Albor Adrián Daniel y otros contra GCBA sobre Amparo”, expediente A15696-2016/0, podrán sumarse al proceso, ya sea como parte actora o como demandada, para lo cual contarán con 15 días a partir de la última publicación".

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