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13  de noviembre de 2014

Raffo y Barrera impugnan la licitación que deja el control del Servicio Público de Higiene Urbana en manos de un privado

El viernes 8 de noviembre de 2014, Julio C. Raffo y Fernando Barrera presentaron un escrito de impugnación a la licitación pública 1324/SIGAF/2014 que causa graves perjuicios al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (EURSP). El mismo fue presentado ante el Ministro de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, Lic. Edgardo Cemzon.

En carácter de ciudadanos y de actuales directores del EURSP, Barrera y Raffo explicaron que la mencionada licitación viola los principios de la Constitución de la Ciudad (Art. N° 38) y la Ley N° 210 que disponen que el Ente es el órgano que tiene la competencia originaria para realizar el “…control, seguimiento y resguardo de la calidad…” del servicio público de “…Higiene urbana, incluida la disposición final…”. Muchas veces, la prestación de los servicios públicos puede traer aparejado algún tipo de contaminación ambiental, situación que lleva a tomar real consideración del control-tanto preventivo como sancionado- que deben efectuar los tribunales o los organismos administrativos involucrados. En este sentido y según el Artículo 2 de la Ley 210, el Ente tiene dos tipos de facultades que ejerce en materia ambiental: preventiva / educacional o preparadora / sancionatoria.

La Licitación Pública N° 1324/SIGAF/2014 tiene por objeto licitar el “Servicio de Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio Público de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires…” con lo cual el Poder Ejecutivo de la Ciudad, en forma redundante, innecesaria, irregular, pretende confiar a un tercero, empresa privada, la tarea que la Constitución y la ley le encomiendan al Ente que además realiza regularmente. El presupuesto de esta innecesaria e ilegal contratación radica en $ 472.890.000.-, mientras que, según el presupuesto 2015, se destinarán tan solo $183 millones que deberán cubrir las funciones de control de los 14 servicios públicos, Subte, transporte, alumbrado público, higiene urbana, AUSA, estacionamiento medido, entre otros.

Esta situación, por lo tanto, implica que la delegación del control a un particular resulte improcedente, además de provocar una desorganización del sistema administrativo al superponerse las funciones con otras dependencias gubernamentales, generando también una dilapidación de recursos para llevar a cabo funciones sustantivas al sector público.