La Justicia porteña ordenó desalojar y tapiar el geriátrico ubicado en Ramón Freire 2362 por razones de salud y seguridad pública, ya había tenido un pedido de clausura en 2011.
El titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad, Gonzalo Rua, dictaminó el desalojo del geriátrico «Residencia Freire SRL» ubicado en Capitán General Ramón Freire 2362, en el barrio Belgrano, además dispuso una clausura preventiva por razones de salud y seguridad pública.
Sobre el establecimiento ya pesaba una clausura administrativa desde 2011 y a pesar de ello continuaba funcionando. El magistrado dispuso también la reubicación en forma inmediata de los internos.
El magistrado recordó que «la presente causa tuvo inicio el 26 de abril del corriente cuando personal del Departamento de Emergencias Policial se constituyó en el domicilio referido y pudo constatar que el mismo se encontraba funcionando pese a la clausura administrativa que pesa sobre aquel desde el año 2011».
El pasado 29 de agosto se constató que continuaban desarrollando actividad, por lo que se labró una nueva acta contravencional, también se confirmó el ingreso de cuatro nuevos internos en el lugar, pese a encontrarse clausurado por la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y por tanto, se intimó a la reubicación de los internos de manera inmediata.
La Fiscalía solicitó la clausura preventiva a la que el titular del Juzgado Nº 6 hizo lugar y el pasado 30 de octubre se desalojó el establecimiento en su totalidad, se tapió, se soldaron rejas exteriores y se colocaron las fajas de clausura pertinentes. «Los hechos contravencionales que aquí se investigan sin duda constituyen un riesgo a la salud pública, ello en tanto los presuntos contraventores, con su accionar reiterado, han posibilitado, durante todo este tiempo, que el establecimiento de marras continuara desarrollando actividad, pese a encontrarse clausurado administrativamente en virtud de graves infracciones allí constatadas» señaló el magistrado.
«La ardua e incesante tarea desplegada por los responsables del geriátrico para sortear las medidas tanto administrativas como judiciales impuestas y así evadir el accionar judicial y continuar ejerciendo una actividad riesgosa -como es el cuidado de una cantidad considerable de ancianos-, pese a la vigencia de la clausura que sobre aquél domicilio pesaba desde el 2011″, según indicó, resolvieron su decisión de ordenar el allanamiento. Y señaló que «existieron un total de nueve disposiciones -actualmente diez de la DGFyC -mediante las que se fueron ampliando los motivos de clausura administrativa».
Para resolver, Rua tuvo en cuenta «los antecedentes judiciales que registran los aquí imputados por violar las clausuras administrativas recaídas sobre la explotación comercial en cuestión, conductas por las que tanto Larrosa como Córdoba ya fueron condenados en el pasado por este Juzgado y el Juzgado PCyF n.° 31, respectivamente, pese a lo cual persistieron en su accionar, motivando así el inicio de este nuevo caso contravencional».-