Los Legisladores de la Ciudad aprobaron por amplia mayoría el proyecto proveniente del ejecutivo porteño para eximir del pago de Ingresos Brutos a las empresas de servisios AySA y Metrogas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires le dio un marco legal a la eximición del pago de Ingresos Brutos anunciado por el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta tras el pedido del Presidente Mauricio Macri a los gobernadores e intendentes de eliminar impuestos a los servicios públicos.
La iniciativa proveniente del ejecutivo porteño obtuvo un amplio apoyo en el recinto, en la sesión ordinaria del jueves fue sancionado con 52 votos positivos, 3 negativos pertenecientes a los Legisladores de Autodeterminación y Libertad y 2 abstenciones de los Diputados del PTS.
El proyecto exime del pago de Ingresos Brutos a las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Metrogas hasta finalizar el ejercicio fiscal 2018.
El Artículo segundo de la nueva normativa establece que «La presente exención solo será procedente, si dicha liberalidad impacta directamente en las tarifas cobradas a los usuarios«, ya que la rebaja la reciben las compañías y son estas empresas las que deberán trasladarla a los usuarios.
En los fundamentos de la norma, Larreta, recordó que “el colapso energético no es un relato, cada vecino lo vivió en carne propia: barrios enteros sin luz por largos días, la inseguridad que ello conlleva, gente atrapada en sus departamentos, comida que había que tirar porque se pudría en las heladeras, comercios que perdían toda su mercadería y hospitales que para brindar servicios debían recurrir a generadores”.
“Relato fue que los servicios públicos eran casi gratis, cuando se pagaba el costo real de destruir nuestro sistema energético, de pasar de ser exportadores a tener que importar en un año más de ocho mil millones de dólares, habiendo perdido la posibilidad de contar con esos recursos para invertir en la estructura necesaria”, consideró.
Por último informó que este esfuerzo que lleva adelante la Ciudad significa un costo fiscal de 1.500 millones que se financiará postergando alguna obra.