Suspenden la obligación de renovar buses escolares

Lo dispuso la Legislatura ante la situación crítica de los transportistas de alumnos. Declaración sobre la coparticipación, Más música nacional en los medios de la Ciudad. Ratifican DNU.

En la sesión hubo legisladores que participaron de forma remota.

Atento a la crisis del sector y a la emergencia por la pandemia, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron una ley que modifica de forma parcial y transitoria el Código de Tránsito y Transporte, en lo referido a los requisitos que deben cumplir los propietarios y responsables de servicios de transporte de alumnos en micro buses.

Los colectivos escolares deben por ley ser renovados una vez que cumplen 20 años de antigüedad, pero por esta vez queda en suspenso esa obligación durante los años 2021 y 2022. La iniciativa fue del bloque Vamos Juntos, con despacho de la Comisión de Tránsito y Transporte, que preside Cristina García. Fue aprobado por casi la totalidad de los diputados.

Rechazo a recortes de coparticipación

Por impulso de Vamos Juntos, UCR, Gen, Socialista y Consenso Federal, la Legislatura porteña manifestó este jueves su “rechazo y profunda preocupación” por el decreto presidencial que “implica la reducción unilateral e inconstitucional de la asignación presupuestaria histórica de la Ciudad, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social, económica, fiscal y de seguridad, a partir de la pandemia”

La declaración aprobada por mayoría, a mano alzada, sobre tablas y fuera del orden del día, incluye una referencia que había propuesto el bloque Frente de Todos y que expresa “profunda preocupación por los hechos ocurridos durante la manifestación de la policía bonaerense en las inmediaciones de la Quinta de Olivos”. También se hace una convocatoria al diálogo para la resolución de problemas y el “compromiso inclaudicable en la defensa de la democracia y de las instituciones”.

La primera parte del texto fue promovida dese el oficialismo en un proyecto propio que no pudo votarse porque la oposición del justicialismo y la izquierda impidió la habilitación del tratamiento sobre tablas (que requiere el voto de dos tercios de los presentes). Luego, sí se habilitó por mayoría especial el debate de una iniciativa de Juan Valdés (FdT,) que refería solo a lo atinente a la protesta policial bonaerense, lo cual originó un intenso contrapunto de opiniones durante más de cuatro horas.

A través de Martín Ocampo (UCR), se propuso unificar ambas posturas en un texto común, lo que que fue rechazado por el FdT que, al quedar en minoría, se retiró del recinto de sesiones sin votar. El resto de los presentes, que conformaban una clara mayoría, aprobó la declaración a mano alzada.

Ratificación de un nuevo DNU

Con dictámenes de las comisiones de Justicia (Martín Ocampo-UCR) y Asuntos Constitucionales (Hérnan Reyes-VJ), los diputados metropolitanos ratificaron el decreto de necesidad y urgencia 12/2020 del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y definieron el tratamiento preferencial en la próxima sesión ordinaria de los DNU 13 y 14 /2020.

Todos esos decretos están referidos a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid 19 y renuevan o prorrogan plazos procesales de la justicia de faltas, vencimientos o vigencias de licencias de conducir, registros de taxis, remises y otros afines y postergación de fechas para la verificación técnica vehicular.

Más música nacional en los medios de la Ciudad

Por iniciativa de Roy Cortina (PS), con despacho de la Comisión de Comunicación Social y un texto contextuado que obtuvo 58 votos, se sancionó una ley para obligar a una mayor difusión de la música nacional en los medios de radio y televisión que dependen del Estado de la CABA.

“Los medios de comunicación audiovisual y radiodifusión estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus producciones propias realizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, deberán asegurar que un mínimo de 70% de la música emitida sea de origen nacional, ya sea de autores/as, compositores o intérpretes nacionales, cualquiera sea el tipo de música de que se trate, por cada jornada de transmisión”, dice el primer artículo de la norma.

De esa música nacional que se difunda, el 60% debe ser “producida en forma independiente, donde el autor/a y/o intérprete ejerza los derechos de comercialización de sus propios fonogramas”.